Área Ley 20.393, Ley 21.719 y modelos de prevención

Compliance & Protección de Datos

Implementamos programas robustos de cumplimiento normativo: Modelos de Prevención del Delito (MPD) bajo la Ley 20.393, protección de datos personales bajo la Ley 21.719, protocolos internos y auditorías de riesgo. Operado por DCS Compliance, división de Garín.

01Servicios

Qué hacemos en Compliance & Protección de Datos.

Cada operación cuenta con un socio responsable y un equipo dedicado. Ejecutamos el trabajo con rigor técnico y sentido comercial.

01

Modelos de Prevención del Delito (Ley 20.393)

Diagnóstico, diseño, implementación y auditoría de MPD para empresas de todo tamaño, incluyendo delitos económicos incorporados por la Ley 21.595.

02

Protección de datos personales (Ley 21.719)

Adecuación integral a la nueva ley: EIPDs, política de privacidad, contratos con encargados, canales de derechos ARCO y designación de DPO.

03

Prevención de lavado de activos (PLA/FT)

Programas de cumplimiento para sujetos obligados: procedimientos KYC, matrices de riesgo, reportes de operaciones sospechosas y auditorías.

04

Auditorías de compliance

Evaluación técnica del programa vigente: brechas, riesgos concretos, plan de remediación y evidencia documental para eventual sanción.

05

Capacitaciones

Sesiones técnicas para directorio, alta gerencia y equipos operativos en compliance, MPD, datos personales y Ley Karin.

06

Defensa en procedimientos sancionatorios

Representación ante la APDP, UAF y organismos fiscalizadores en procedimientos sancionatorios administrativos.

02Nuestro enfoque

Cómo trabajamos.

El compliance no es papeleo. Diseñamos programas ejecutables, medibles y auditables, que se integran con la operación real de la empresa y resisten fiscalización. Nuestra división DCS Compliance opera con dedicación exclusiva a esta materia.

03Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan.

La Ley 20.393 no obliga expresamente a tenerlo, pero sí es requisito para que la empresa pueda invocar la eximente en caso de responsabilidad penal por un delito cometido por sus directores o empleados en su beneficio.
El 1 de diciembre de 2026. Desde esa fecha, toda empresa que trate datos personales queda sujeta a fiscalización y sanciones por la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP).
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